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El Gobierno Nacional pagó 142 millones de dólares a la empresa constructora Isolux Corsán por la usina a carbón que está construyendo en la ciudad de Rio Turbio -Santa Cruz- antes que esta presentara el estudio de impacto ambiental que la ley exige.

Esto demuestra que desde un principio se ignoró todo cuestionamiento ambiental hacia la central en base a carbón. La polémica usina que proyecta realizar el Gobierno Nacional comenzó a ser pagada un año antes de que la empresa presentara su obligatorio estudio de impacto ambiental.

La central a carbón de Río Turbio es irracional desde todo punto de vista: económico, ambiental y tecnológico. Es en una tecnología sucia que compromete a la Argentina en materia de emisiones que afectan al clima y pone en peligro a los glaciares.

La resolución por la que se emitió el pago de los primeros 142 millones tiene fecha de diciembre de 2007, mientras que la empresa presentó su estudio de impacto ambiental y realizó la audiencia pública en septiembre de 2008.

Hasta el momento se han pagado 393 millones de dólares. El proyecto de la Central Térmica está presupuestado en unos 700 millones de dólares, lo que representa otro aspecto conflictivo de la obra ya que es muy alto en relación a los precios internacionales. Una usina de esa potencia cuesta la mitad: 350 millones dólares.

Según la Ley General del Ambiente, antes de iniciarse la ejecución de la obra se debió realizar un estudio de impacto ambiental que apruebe la obra. El estudio se hizo un año más tarde y recibió 50 observaciones de diversos organismos provinciales que nunca tuvieron respuesta.

El Gobierno Nacional planea tener entre 12 y 21 plantas como la usina de Río Turbio para el año 2025. Un plan de esas características es inadmisible en la Argentina ya que el país tiene un potencial extraordinario para energías limpias y renovables -como por ejemplo la eólica- y no se está haciendo nada para ponerlo en marcha.